He estado siguiendo el caso de la RIAA contra Jamie Thomas y contra los internautas norteamericanos mas o menos de cerca, esperando que la lógica prevaleciera, pero luego de leer este fatídico desenlace, me he quedado perplejo y creo que esto marcará un precedente para lo que vendrá negativamente para todos los internautas que de alguna manera compartimos cualquier cosa por medios P2P.
En España los derechos de autor están "amparados" por la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores Españoles). Basta con colocar en Google la búsqueda con dichas iniciales y verán todo lo que hay escrito sobre esta Sociedad (hasta hoy, 3.440.000 entradas). Empezando por demandas por el derecho al honor, hasta cobros de canon por utilizar música en centros nocturnos o en eventos de fiestas de pueblos o actividades sin fines de lucro. Lo que digo es totalmente comprobable por miles de enlaces en la web, así que espero que no me caiga a mi también una demanda por difamación a este organismo ni nada por el estilo, que esta muy de moda actualmente. Ojo, esta entrada la hago pensando en poner al tanto a mis lectores venezolanos, ya que aquí en España los internautas sabemos de sobra que significa la SGAE.
Por favor amigos de Venezuela (y de otros países), dediquen unos minutos de su vida a investigar sobre el asunto. Se que quedaran con la boca abierta cuando lean cosas como esta, o como esta otra, o esta, o también esta, o inclusive esta, o hasta esta. Y es que jamás me hubiese creído lo que he leído y me he enterado desde este lado del charco si me lo hubiesen comentado cuando vivía en Venezuela. Es alucinante.
Lo de la RIAA me parece gravísimo, levanta un precedente jurídico del cual ya podrán aferrarse los dictámenes siguientes a este y condena a una sociedad a no poder compartir el arte. Inclusive hay artistas que queriendo distribuir ellos mismos su material, han tenido que llegar a acuerdos con estas organizaciones para no quedar aplastados, perdiendo así sus derechos de hacer con su música lo que les de su regalada gana, e irónicamente perdiendo la esencia en sí de la definición de su "derecho de autoría". Al menos en España, no han podido por vías legales obligar a que los proveedores de Internet den la información de los usuarios que utilizan las redes P2P, pero ya lo han intentado.
En España los derechos de autor están "amparados" por la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores Españoles). Basta con colocar en Google la búsqueda con dichas iniciales y verán todo lo que hay escrito sobre esta Sociedad (hasta hoy, 3.440.000 entradas). Empezando por demandas por el derecho al honor, hasta cobros de canon por utilizar música en centros nocturnos o en eventos de fiestas de pueblos o actividades sin fines de lucro. Lo que digo es totalmente comprobable por miles de enlaces en la web, así que espero que no me caiga a mi también una demanda por difamación a este organismo ni nada por el estilo, que esta muy de moda actualmente. Ojo, esta entrada la hago pensando en poner al tanto a mis lectores venezolanos, ya que aquí en España los internautas sabemos de sobra que significa la SGAE.
Por favor amigos de Venezuela (y de otros países), dediquen unos minutos de su vida a investigar sobre el asunto. Se que quedaran con la boca abierta cuando lean cosas como esta, o como esta otra, o esta, o también esta, o inclusive esta, o hasta esta. Y es que jamás me hubiese creído lo que he leído y me he enterado desde este lado del charco si me lo hubiesen comentado cuando vivía en Venezuela. Es alucinante.
Lo de la RIAA me parece gravísimo, levanta un precedente jurídico del cual ya podrán aferrarse los dictámenes siguientes a este y condena a una sociedad a no poder compartir el arte. Inclusive hay artistas que queriendo distribuir ellos mismos su material, han tenido que llegar a acuerdos con estas organizaciones para no quedar aplastados, perdiendo así sus derechos de hacer con su música lo que les de su regalada gana, e irónicamente perdiendo la esencia en sí de la definición de su "derecho de autoría". Al menos en España, no han podido por vías legales obligar a que los proveedores de Internet den la información de los usuarios que utilizan las redes P2P, pero ya lo han intentado.
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